La confrontación diplomática de IFI en el Consejo de Derechos Humanos: Contrarrestar la narrativa colonialista de Chile
Images for Inclusion Inc (IFI) se enorgullece de anunciar una importante actualización en nuestros esfuerzos en curso para salvaguardar los derechos del Pueblo Mapuche en Chile. Nuestra defensa proporcionó una contra-narrativa esencial a la maniobra diplomática oficial del gobierno chileno, una intervención que en última instancia dio lugar a la suspensión formal del proceso de consulta pocos días después, asegurando que las complejidades de la situación fueran escuchadas en los más altos niveles de las Naciones Unidas.
El jueves 25 de septiembre de 2025, nuestra Presidenta y Directora Ejecutiva, Lidia Arriagada García, se reunió con éxito con el Dr. Albert K. Barume, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el Palacio de las Naciones de Ginebra, Suiza. La reunión, que tuvo lugar en la cafetería Concordia, fue una importante intervención de última hora.
Esta estrategia cara a cara era necesaria porque, a pesar de los múltiples intentos anteriores de comunicar nuestras preocupaciones y análisis jurídicos a su oficina, nuestros esfuerzos aún no habían dado lugar a una respuesta sustantiva, lo que nos obligó a utilizar un enfoque directo para informarle personalmente antes del importante evento diplomático previsto para el día siguiente, durante el cual Chile defendería el proceso de Consulta Previa para un Nuevo Sistema de Tierras Mapuche ante una serie de países especialmente europeos.
En ese evento paralelo, titulado "Recomendaciones de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento en Chile: Avances y Desafíos en su Implementación", no sólo no habría nadie para decirles que habían conducido la Consulta de manera incorrecta, sino que el Relator Especial también había sido invitado a hacer algunos comentarios (ver volante), arriesgándose a no tener una contra-voz.
El camino a Ginebra: La mediación a tiempo de IFI
La reunión en persona con el Dr. Barume, y uno de sus asistentes, fue la culminación de un esfuerzo sistemático y urgente de Images for Inclusion (una ONG con estatus consultivo ante ECOSOC) para proveer a la oficina del Relator Especial documentación legal exhaustiva, que era una escalada necesaria después de que nuestros intentos formales por correo electrónico hubieran fracasado.
Nuestro objetivo era asegurarnos de que el Relator Especial fuera consciente de los graves defectos de la "Consulta Previa sobre un Nuevo Sistema de Tierras Mapuche" de Chile antes del inmminente evento paralelo del gobierno titulado "Recomendaciones de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento en Chile: Avances y Desafíos en su Implementacióm", que estaba programado para el día siguiente, viernes 26 de septiembre de 2025, a las 14:00 horas, en Concordia I, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Durante esta reunión en persona, Lidia Arriagada García entregó personalmente al Dr. Albert K. Barume copias impresas de la Carta Abierta IFI y del Resumen Ejecutivo, reforzando el argumento de que el proceso del gobierno es fundamentalmente ilegítimo y debe ser revocado.
La conversación se centró en el análisis jurídico y el llamamiento urgente que IFI había presentado formalmente, en el que se argumenta que el proceso de Consulta Previa del gobierno chileno es ilegítimo, arbitrario y carece de buena fe.
Contexto: El evento de alto nivel de la ONU organizado por Chile
El acto paralelo, organizado por Chile, tenía por objeto mostrar sus avances en el conflicto Mapuche y contó con el copatrocinio de diez Estados miembros, entre ellos Alemania, Australia, Canadá, España, Italia, México, Colombia, Noruega, Reino Unido y Suecia.
Estaba previsto que el Relator Especial, el Dr. Albert K. Barume, y la Subdirectora General de la OIT para Gobernanza, Derechos y Diálogo, la Sra. Manuela Tomei, proveer comentarios durante el acto. La intervención de IFI fue necesaria para proveer al Dr. Barume una contranarrativa crucial, evitando que la presentación del gobierno chileno ofreciera una imagen engañosa o incompleta de un proceso rechazado por cientos de comunidades indígenas lideradas por autoridades ancestrales Mapuche .
Exponiendo el "maquillaje político" del CPPyE
Este Evento Paralelo de Chile fue también un intento coordinado por parte de funcionarios del gobierno y de dos ex Comisionados de la CPPyE de obtener respaldo político y legitimidad internacional para su proceso. La intervención de IFI validó inmediatamente la necesidad de este escrutinio:
IFI asistió a este evento paralelo, en una sala de conferencias en la que no se permitían vídeos ni fotos. Allí, el Relator Especial, el Dr. Barume, reconoció explícitamente los aspectos clave debatidos en nuestra reunión e hizo hincapié en los principios fundamentales que la presidenta de IFI había destacado en su presentación en persona:
Principios Fundamentales de los Derechos Humanos: El Relator Especial declaró que, "A menos que un Estado pueda describir claramente lo que se hizo mal, no puede realmente cumplir con los derechos humanos". Este principio fundamental es el núcleo legal y moral de la demanda de IFI, ya que exige que Chile reconozca el "error histórico cometido" (punto 8.1). La Carta Abierta del IFI afirma que este "mal " es el incumplimiento por parte del Estado del Tratado de Tapihue de 1825, que reconocía a los Mapuche como una nación distinta. El Estado luego desmanteló unilateralmente este tratado a través de la violenta campaña militar conocida como la "Pacificación de la Araucanía" y con ello produjo el despojo de sus tierras y recursos.
Al exigir que Chile "describa claramente lo que salió mal", el Dr. Barume validó la posición IFI de que una solución legítima no puede construirse sobre una consulta administrativa; debe comenzar con el reconocimiento formal por parte del Estado de que el despojo original de las tierras y territorios Mapuche fue una violación del derecho internacional y del principio de Pacta Sunt Servanda (Los acuerdos deben cumplirse). Sin este paso, la consulta no es más que una herramienta para perpetuar la injusticia histórica.
La tierra no es una mercancía: El Relator Especial hizo hincapié en que la tierra para los Pueblos Indígenas NO es una mercancía, destacando que"va más allá" de una mercancía. Esta afirmación validó directamente la crítica jurídica y espiritual central de IFI. La declaración del Dr. Barume refutó las medidas legislativas propuestas por Chile en el proceso consultivo, que promueven la "monetización de un derecho colectivo y espiritual" (Punto 8.5) ofreciendo una compensación financiera como sustituto de la restitución territorial. Por ello, sostenemos que este enfoque es una forma de despojo encubierto, ya que el Estado chileno propone limitaciones arbitrarias como la norma de "10 hectáreas por familia" y ofrece una "reparación monetaria alternativa" -un bien transitorio- en lugar del vínculo inalienable y espiritual con el pasado y el futuro de la cultura Mapuche .
Por lo tanto, cuando el Dr. Barume hizo hincapié en que se requiere un derecho más fuerte sobre la tierra para la representación política de los Pueblos Indígenas, apoyó aún más la posición de IFI de que el modelo de compensación propuesto viola su derecho a la autodeterminación.
FPIC va más allá de la consulta: El Relator Especial dijo que el instrumento de derechos humanos, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas UNDRIP), establece que el derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado (FPIC), es un principio diseñado para "devolver el control sobre su destino" a los Pueblos Indígenas, por lo que es un derecho que "va más allá de la consulta".
Esta afirmación validó directamente la crítica central de IFI, ya que el proceso de Consulta del Estado chileno es una estrategia de evasión. La Carta Abierta denuncia que el Estado omite estratégicamente la UNDRIP (el estándar más alto de consentimiento) y utiliza términos vagos como "diálogo genuino" en lugar del término internacional vinculante "Consulta" para deliberadamente "evadir la obligación más alta y vinculante" (Punto 2.4). Esta falla administrativa tiene sus raíces en el Decreto Supremo Nº 66 de 2013 , que institucionaliza la negación de los derechos de los Pueblos Indígenas al permitir que el Estado declare "cumplida" la Consulta incluso sin llegar a un acuerdo u obtener el consentimiento (Punto 1.1).
La perspectiva de Noruega fue un apoyo prudente y una norma crítica implícita porque enmarcó su apoyo a Chile en su propia experiencia con el Pueblo Sami. Elogió a Chile por organizar el acto, calificó la iniciativa de la CPPyE de esfuerzo "ambicioso" y de "audaz intento" de solución política, y expresó su voluntad de "apoyar este proceso en todo lo que podamos". Sin embargo, al presentar su propio modelo, Noruega destacó inadvertidamente los defectos estructurales de Chile: al señalar que el Pueblo Sami está reconocido y protegido en su Constitución y por la Ley Sami a través de un órgano representativo y político (Sámediggi), la delegación noruega subrayó indirectamente la falta de un órgano representativo legítimo en el diseño de la consulta chilena (una crítica central de IFI ). Además, al admitir que Noruega ha tenido que abordar sus propios retos históricos (políticas de asimilación) a través de una Comisión de Verdad y Reconciliación, su intervención reforzó la postura del Dr. Barume sobre la necesidad de que Chile reconozca primero su "error histórico" antes de cualquier solución administrativa.
Por su parte, la Subdirectora General de la OIT, Sra. Manuela Tomei, destacó que el Convenio 169 de la OIT es fundamentalmente una "herramienta de derechos humanos y de construcción de la paz" diseñada para resolver este tipo de problemas estructurales y de larga data. Esta declaración reforzó la crítica de IFI de que el Gobierno chileno está explotando esta herramienta de paz al basarse en la defectuosa legislación nacional (Decreto Supremo nº 66) para imponer una "obligación de medios, no de resultados" (Punto 1.1).
La Sra. Manuela Tomei utilizó la siguiente frase para subrayar la profundidad histórica del problema:"Éste no es un conflicto que empezó en los años sesenta". Al hacer esta afirmación, la Sra. Tomei contradijo la tendencia de algunos sectores chilenos a minimizar el conflicto a unas pocas décadas, afirmando que el problema no es sólo de política agraria o de desarrollo, sino que tiene sus raíces en el despojo ancestral (la violación del Tratado de Tapihue y la ocupación militar del territorio Mapuche en el siglo XIX).
Desenmascarar la retórica y la elusión estructural
La retórica del gobierno chileno para obtener el aval internacional en apoyo del proceso de consulta confirmó la necesidad de este escrutinio:
Táctica de elusión oficial: La Comisión chilena presentó sus propuestas como acciones para resolver un conflicto que calificaron de "conflicto intercultural y jurídico que ha dificultado la convivencia pacífica y el desarrollo integral en las regiones del sur del país". Además, intentaron eludir la responsabilidad política calificándolo como un asunto "de Estado, no de Gobierno", lavándose las manos.
La demanda chilena de patrocinio: El llamamiento del gobierno chileno fue una petición de patrocinio político a largo plazo, transformando a la comunidad internacional en parte interesada en el proceso nacional. Los funcionarios, entre ellos Carlos Llancaqueo (Presidente de la Fundación Aitue), pidieron explícitamente a la comunidad internacional: "honrar este proceso, guiarlo, acompañarlo y monitorearlo". Esta fue una maniobra directa para:
Asegurar el estatus de "Política de Estado" : La petición pretendía hacer que el proceso de consulta fuera inmutable, trascendiendo el cambio de administración previsto (marzo de 2026).
Neutralizar la oposición interna: La demanda de "monitoreo" internacional se posicionó como necesaria para asegurar la "continuidad", pero simultáneamente intentó legitimar externamente el proceso en contra de la voluntad de cientos de comunidades Mapuche , lideradas por autoridades ancestrales, que se opusieron vehementemente al cumplimiento del proceso de Consulta y a sus medidas legislativas propuestas. En resumen, Chile estaba pidiendo a los países europeos y latinoamericanos, al Relator Especial de la ONU y a la OIT que validaran y garantizaran la longevidad de un resultado que fue fundamentalmente rechazado por las personas a las que se supone que el Consejo de Derechos Humanos debe servir.
La Falsa Pretensión de Representación: La ex Comisionada de la CPPyE, Senadora Carmen Gloria Aravena, además de reafirmar su postura de limitar la demanda del Pueblo Mapuche por tierras y el número de familias Mapuche que las reciben, señaló que habían escuchado "a los Consejos de Lonkos" para pretender que tuviera representatividad Mapuche . Afirmó:"Escuchamos a las voces más distintas. Escuchamos a los Consejos de Lonkos. Escuchamos a las comunidades. Escuchamos a las instituciones. Y por eso hoy las propuestas son tan diversas". El propósito de su declaración era respaldar la legitimidad y representatividad de las propuestas de la Comisión ante el foro internacional, sugiriendo que las autoridades ancestrales Mapuche (los Lonkos) habían formado parte del diálogo. La Carta Abierta de IFI(Puntos 5 y 6) se opone explícitamente a ello, señalando que la imposición arbitraria de participación por parte del Estado desconoce la falta de representación legítima y efectiva de las autoridades ancestrales tradicionales Mapuche (Lonko, Machi y Werken ) en el diseño de la consulta y las medidas legislativas que propone, lo que además dejó fuera a cerca del 50% de la población Mapuche que habita en las 16 regiones de Chile, y que fue motivo del enérgico rechazo a la Comisión Presidencial (CPPyE), la Consulta Previa y las Medidas Legislativas Propuestas.
Falta de datos desagregados: La ex comisionada Gloria Callupe Rain fue la única que entregó una visión histórica que daba cuenta del despojo territorial, la pobreza y la desconfianza, e indicó que si bien había Mapuche en la comisión, éstos "no eran representativos" del Pueblo Mapuche. Gloria aludió al registro de víctimas de violencia, mencionando datos como los "9 mil hechos de violencia", dejando fuera a las víctimas Mapuche de violencia policial, incluyendo niñas, mujeres y ancianas y ancianos Mapuche, de quienes no existen datos deglosados ni registros de agresiones policiales, lo que demuestra los sesgos políticos y la necesidad de cumplir con el llamado de este año del Foro Permanente (UNPFII) para que Chile implemente la Recomendación General No. 39 de la CEDAW.
Contraacción diplomática directa de IFI
Al final del Evento Paralelo de Chile, y a pesar de que a la presidenta IFI se le negó la oportunidad de hablar habiendo levantado la mano, ella ejecutó una acción diplomática directa, distribuyendo personalmente copias del Resumen Ejecutivo y del Índice de la Carta Abierta —completos con códigos QR para acceder al documento entero— a los delegados de numerosas embajadas y países presentes, incluyendo los de Italia, Alemania, Canadá, Noruega, Suecia, Australia, Perú, Guatemala, Panamá, México, y también al representante de la OIT y de la Misión Permanente de Chile ante la ONU en Ginebra, entre otros.
Esto tuvo las siguientes repercusiones:
a. Socavó directamente el "monólogo" chileno, transformando el Evento Paralelo de un monólogo de Estado en una presentación de política cuestionada con una perspectiva amplia y justa, y obligando a las embajadas (muchas de las cuales copatrocinaron el evento) a enfrentarse a los detallados argumentos jurídicos de IFI.
b. Entregando físicamente los documentos a los delegados de los países (incluyendo Noruega, Alemania, México, etc.), nos aseguramos de que esas cancillerías recibieran notificación oficial de la oposición del Pueblo Mapuche , presentando las fallas legales.
c. Se aseguró de que la crítica del Dr. Barume (por ejemplo, sobre FPIC y la tierra) resonara en las embajadas específicas responsables de financiar y apoyar el proceso de CPPyE.
d. Nuestra acción dio a las delegaciones internacionales la justificación legal y la obligación de cuestionar el proceso, transformando su papel de partidarios pasivos en actores informados.
Conclusión y próximos pasos
El Dr. Barume y la Sra. Tomei cuestionaron la legitimidad del proceso y sus fundamentos jurídicos (FPIC, Decreto nº 66, daño histórico), impidiendo a Chile presentarlo como un modelo exitoso. El Evento Paralelo fue, más bien, un ejemplo de las complejidades y errores a evitar en un proceso de derechos humanos.
Si bien el proyecto de ley de Reconocimiento Constitucional fue detallado, el camino hacia una solución genuina del conflicto requiere transparencia y honestidad, no retórica. Estamos de acuerdo con la afirmación de la Sra. Manuela Tomei que resonó: "La paz no se decreta, se construye", sin embargo, para la "convivencia pacífica" es fundamental que esta paz se construya sin militarización.
El Evento Paralelo no cumplió sus objetivos, ya que se centró principalmente en la presentación de los logros y los detalles administrativos de la CPPyE y no generó el diálogo esperado sobre los "retos". La mayor parte del tiempo fue utilizado por los oradores chilenos, sin dejar espacio para preguntas, que era donde se esperaban las discusiones más profundas. También se omitió que hoy el territorio ancestral Mapuche está bajo militarización y estado de emergencia. Hubo intervenciones de Noruega y México, que claramente no tuvieron la oportunidad de escuchar la perspectiva del Pueblo Mapuche. Los detalles de la propia comisión fueron explicados de manera extensa y unilateral, y no se profundizó en los desafíos y avances que pretendía presentar, limitando el diálogo real.
Por lo tanto, nuestra participación sentó las bases para cambios importantes: fue seguida por la suspensión formal del proceso de consulta apenas unos días después, validando las preocupaciones urgentes planteadas por IFI. Si bien esta suspensión es una victoria, la solución de fondo y la exigencia de la Carta Abierta residen en la revocación inmediata de la Resolución Exenta nº 244. Además, un diálogo real que respete el derecho internacional debe comenzar con la modificación del Decreto Supremo Nº 66 de 2013 y garantizar el Consentimiento Libre, Previo e Informado (FPIC), asegurando la participación efectiva de las autoridades ancestrales (Lonko, Machi y Werken) para que sea culturalmente relevante, socialmente legítimo y efectivamente alineado con las Normas Internacionales.
El evento paralelo lo mostró como un ejercicio de presión política por parte de Chile para obtener apoyo internacional para un proceso que las propias normas de la ONU/OIT consideran fundamentalmente defectuoso. Por lo tanto, esperamos que la comunidad internacional adopte una postura de vigilancia crítica y de rechazo del "maquillaje político" del proceso chileno descrito en la Carta Abierta.
Además, IFI hace un solemne llamado a los países copatrocinadores (entre ellos Alemania, Australia, Canadá, Noruega y España) y a las misiones presentes en Ginebra para que condicionen su apoyo financiero y político a que el Estado de Chile cumpla con la exigencia de revocar la Resolución Exenta Nº 244 y garantice un proceso de diálogo basado en el Consentimiento Libre, Previo e Informado (FPIC), en estricto apego al derecho internacional.
Invitamos a todas las partes interesadas y a los Estados miembros copatrocinadores a leer atentamente nuestra Carta Abierta para comprender la necesidad de esta revocación y obtener una visión completa de las cuestiones jurídicas:
y en español PDF
Nota
Descargo de responsabilidad y mandato: Images for Inclusion Inc (IFI) es una organización sin ánimo de lucro 501(c)(3) con Estatus Consultivo Especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas —ECOSOC —. Este estatus faculta a nuestra organización para colaborar directamente con los mecanismos de la ONU, incluidos el Consejo de Derechos Humanos y los Procedimientos Especiales. La defensa documentada aquí demuestra el compromiso IFI de traducir las obligaciones legales internacionales (como FPIC) en acciones políticas demostrables, estableciendo así la credibilidad e influencia de nuestra organización como un actor legal indispensable dedicado a los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas.
Dr. Albert K. Barume, Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y Lidia Arriagada Garcia, Presidenta y Directora General de Images for Inclusion Inc.
25 de septiembre de 2025 . El Palacio de las Naciones, en Ginebra, Suiza.
Folleto de Chile para el evento paralelo"; "Recomendaciones de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento en Chile: Avances y Desafíos en su Implementación".
Confirmación de presentación del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 12 de septiembre de 2025.
A continuación figura una lista cronológica de las principales comunicaciones enviadas por IFI a la Relatoría Especial (hrc-sr-indigenous@un.org) y a otros organismos de la ONU:
16 de mayo de 2025 - Observación inicial: IFI presentó una "Observación inicial sobre la Comisión para la Paz y el Entendimiento en Chile" tanto al Relator Especial como al Presidente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU. Este documento, titulado "Un llamado a la reflexión", planteaba preocupaciones sobre el proceso y las acciones de un miembro del Foro Permanente en relación con el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento (CPPyE). Recibimos acuse de recibo por parte de la Subdivisión de los Pueblos Indígenas y el Desarrollo, UNDESA, indicando que esto ha sido compartido con el Presidente del Foro el 23 de mayo de 2025.
11 de agosto de 2025 - Llamamiento urgente formal y carta abierta: IFI envió la primera presentación exhaustiva a la oficina del Relator Especial. Esta incluía una Carta Ab ierta detallada solicitando la revocación de la Resolución Exenta nº 244 y un Llamamiento Urgente de Intervención. Para facilitar la acción en virtud del mandato del Relator Especial, el correo electrónico solicitaba que enviara una lista de preguntas específicas y detalladas al Gobierno de Chile sobre los fallos de la consulta.
13 de agosto de 2025 - Llamamiento corregido y subrayando la urgencia: Una versión corregida del llamamiento, subrayando la extrema urgencia ya que la consulta estaba programada para comenzar ese mismo día.
12 de septiembre de 2025 - Consentimiento final para la acción: Tras recibir el acuse de recibo oficial de la oficina del Relator Especial, IFI 12 de septiembre de 2025 IFI dio su consentimiento explícito y firmado, autorizando que nuestro nombre se divulgara en una carta que "podrá enviarse, según proceda, al Gobierno, o a otros, como organizaciones intergubernamentales, incluidas entidades de las Naciones Unidas, empresas, compañías militares o de seguridad". Además, se dio consentimiento para que nuestro nombre "aparezca en informes públicos presentados al Consejo de Derechos Humanos y se inserte en una base de datos pública". Con ello se cumplió el requisito de procedimiento necesario, autorizando oficialmente al Relator Especial a comenzar a trabajar en el caso.
